Gas a Precio Justo: Desastre Político o Malentendido Económico?

El «Gas a Precio Justo» fue uno de esos casos donde una idea políticamente atractiva chocó con la realidad económica, logística y técnica. En Chile, el nombre quedó asociado al intento de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y varios municipios de vender gas licuado más barato para competir con las grandes distribuidoras privadas como Abastible, Lipigas, Gasco y otras.

La historia resumida es clara: durante 2021-2022 hubo mucho enojo por el precio del gas. La percepción —y en parte también algunos informes— era que el mercado estaba demasiado concentrado y que los precios eran altos. Entonces apareció la idea de saltarse a los intermediarios para vender directamente.

El costo real de la distribución

El problema fue que distribuir gas no es solo llenar cilindros. El negocio real está en toda la cadena: plantas de llenado, transporte especializado, mantención de cilindros, logística territorial y reparto domiciliario. Ahí las empresas privadas ya tenían décadas de infraestructura instalada.

El proyecto compró cilindros y armó un piloto en algunas comunas, pero cuando se calcularon los costos reales apareció el escándalo: cada balón vendido terminó costando muchísimo más al Estado que el precio de venta al público. Se habló de costos cercanos a los $117 mil por cilindro entregado.

¿Economía de escala en acción?

Aquí es donde entra la economía de escala. Un piloto pequeño está condenado a verse ridículamente caro porque tienes costos fijos enormes repartidos entre poquísimas ventas: camiones, plantas, permisos y personal. Si entregas 3.000 cilindros, cada uno «carga» una tajada absurda de esos costos; si entregas millones, el costo unitario cae muchísimo.

Los defensores del proyecto argumentaban que estaban evaluando una futura operación masiva usando números de un piloto experimental. Los críticos respondían que para llegar a esa escala, el Estado tendría que invertir cantidades gigantescas y competir contra empresas que ya tenían la infraestructura lista.

¿Estafa encubierta o error bien intencionado?

Uno podría dudar si fue un error bien intencionado o una estafa encubierta. Hasta donde se conoce públicamente, no apareció evidencia sólida de que el proyecto fuera una «estafa» en el sentido clásico: desviar plata, crear empresas fantasma o robar fondos.

Lo que sí hubo fue improvisación, mala planificación y anuncios grandilocuentes sin sustento operativo. Probablemente no fue una estafa organizada, sino bastante voluntarismo político combinado con una subestimación brutal de la complejidad logística del negocio del gas.