IA en la administración pública de Chile: leyes, costos y el hardware que compran

Como funcionario de informática en un CESFAM a septiembre de 2026, la pregunta inevitable es: ¿qué dice el Estado sobre la Inteligencia Artificial? Tras revisar las directrices oficiales, el panorama no se reduce a una única ley general. En su lugar, existe un ecosistema complejo que combina lineamientos específicos con sistemas de transformación digital.

El estado actual de la regulación

Hasta ahora, no existe una ley general de IA plenamente vigente en Chile. Lo que sí hay es el Oficio Circular N.º 711, emitido por MinCiencia y Segpres a finales de 2023. Este documento establece los lineamientos para el uso institucional de herramientas de IA, enfocándose en la transparencia, la explicabilidad y la protección de datos personales.

Además, la Guía Metodológica del Sistema de Transformación Digital ya incorpora explícitamente evaluaciones sobre el uso de IA por parte de cada institución. Esto significa que la Administración Pública no está tratando a la IA como una curiosidad tecnológica, sino como una dimensión integrada en su transformación digital.

La duda del hardware local: ¿Dónde están las GPUs?

Inicialmente, parece que estas políticas se centran en el uso de servicios en la nube. Esto plantea una duda económica fundamental: si existen alternativas gratuitas como ChatGPT o Copilot, ¿tiene sentido invertir recursos públicos en infraestructura local? Además, mi primera impresión es que es improbable encontrar tarjetas gráficas de gama alta, como una RTX 3090 o similar, escondidas en las oficinas municipales.

La realidad de ChileCompra

Sin embargo, al investigar directamente en plataformas públicas como Mercado Público y ChileCompra, la realidad es sorprendentemente diferente. No solo las universidades están comprando infraestructura masiva; también lo hacen organismos técnicos del Estado.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) licitó dos equipos con tarjetas GeForce RTX 5090 para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA. Incluso la Dirección General de Aeronáutica Civil compró notebooks ASUS ROG Strix equipadas con RTX 5090 de 24 GB, demostrando que se está adquiriendo hardware comercial de gama altísima.

Esto revela un patrón claro: el Estado identifica necesidades reales y especifica hardware serio para ejecutarlas. Sin embargo, es notable que muchas de estas licitaciones específicas terminan desiertas, lo que sugiere una fricción entre la necesidad técnica y la disponibilidad del mercado público.

El desafío de justificar los costos

Aquí surge el verdadero cuello de botella. Mientras que en las universidades una GPU cara se justifica como infraestructura de investigación, un organismo administrativo debe responder a preguntas mucho más duras: ¿Qué problema institucional resuelve? ¿Por qué no usar la nube gratuita? La transición desde el uso de servicios cloud hacia una adquisición local es lenta porque requiere superar barreras presupuestarias y administrativas.

Se está observando que los organismos públicos priorizan el uso de IA para tareas como la generación de material audiovisual o la asistencia en documentación interna, ya que estas son más fáciles de justificar que la automatización compleja de flujos de trabajo administrativos.

El punto de inflexión: ComfyUI y ControlNet

Una anécdota reciente ilustra perfectamente esta realidad. En un CESFAM, se descubrió que algunos videos promocionales eran producidos manualmente para evitar que la gente saliera en cámara. La aplicación utilizada para convertirlos a animación resultó ser tan tediosa y frustrante que la encargada decidió no repetirla.

Esto cambia completamente el análisis: la adopción institucional no se trata solo de comprar hardware, sino de la facilidad de uso del software. Recientemente, se confirmó que ComfyUI incorporó oficialmente soporte para MiniMax H3 con ControlNet, permitiendo mantener el movimiento original de un video mientras se cambia su apariencia.

Esta tecnología resuelve la fricción operativa que frenaba la adopción inicial. La conclusión es clara: la IA local en la administración pública no será una extravagancia tecnológica, sino una herramienta para automatizar tareas tediosas y reducir el tiempo de trabajo funcionario, siempre que los costos de adquisición se justifiquen frente a las necesidades reales del organismo.