El riesgo de la intervención estatal contra el crimen organizado en Chile

Uno podría pensar que el narco ha sido «amable» con el estado o el gobierno de turno por tener casi una política de «dejar estar». Pero si el gobierno realmente se pone duro contra el narcotráfico, ¿no se arriesga una respuesta violenta y focalizada del mismo?

Sí, ese riesgo existe y es uno de los grandes dilemas de la seguridad en países donde el crimen organizado ha alcanzado cierto nivel de poder. Si el Estado ha sido permisivo o incapaz de contener al narcotráfico, una ofensiva repentina puede afectar intereses económicos enormes. Algunas organizaciones responden intimidando al Estado mediante atentados y asesinatos de autoridades. Otras optan por estrategias más «silenciosas», como aumentar la corrupción e infiltrar instituciones para debilitar la ofensiva desde dentro.

La percepción de que las autoridades se venden barato

En el caso de Chile, un problema grave es la percepción de que autoridades, fiscalizadores y prensa «se venden barato». Sin embargo, es importante distinguir entre esa percepción y la magnitud real del fenómeno. Si una organización criminal concluye que puede obtener grandes beneficios sobornando a funcionarios menores, eso le resulta mucho más rentable que recurrir a la violencia.

Las estrategias más exitosas suelen combinar investigación financiera, persecución de la corrupción, fortalecimiento de fiscales y control de cárceles. Un aspecto interesante es que el crimen organizado hace un cálculo de costos: su objetivo principal suele ser ganar dinero, no gobernar un país. Si atacar al Estado provoca una respuesta intensa o pone en riesgo el negocio, pueden evitar la confrontación abierta.

¿Están los narcos fuera del sistema o integrados a la economía?

Es legítimo preguntarse si el crimen organizado está «enredado» en la estructura económica chilena. La respuesta depende de distinguir tres niveles: la economía ilegal paralela, la interacción con la economía legal mediante lavado de activos, y la captura o infiltración significativa de instituciones.

En Chile, no hay evidencia sólida de que el narcotráfico esté «enredado» en la estructura económica de forma generalizada. La figura del gran capo visible, al estilo de Pablo Escobar o Joaquín Guzmán, tampoco ha sido tan presente. Esto se debe a varias razones: Chile es un país de tránsito y consumo, no de producción; el crimen organizado moderno tiende a ser más descentralizado mediante células autónomas; y la visibilidad es un riesgo que los líderes evitan.

Además, existe un sesgo mediático. Las noticias suelen concentrarse en incautaciones y detenciones de mandos operativos, mientras que las investigaciones financieras complejas para descubrir a los beneficiarios finales pueden durar años y pasar desapercibidas.

¿Llega el combate más arriba?

La percepción pública es que el combate llega hasta cierto punto (los distribuidores) y nunca llega más arriba. Hay razones para esto: es más fácil detener a los niveles operativos físicos, mientras que demostrar quién está detrás del financiamiento requiere investigaciones largas. La ausencia de un «Escobar chileno» visible no implica necesariamente que exista un gran jefe oculto en la élite; puede reflejar simplemente el modelo fragmentado y anónimo que utilizan estas organizaciones.

Finalmente, la negativa a abrir el secreto bancario levanta suspicacias. Al mismo tiempo, es importante distinguir entre la sospecha política y lo que se puede inferir razonablemente. La oposición al levantamiento del secreto bancario suele invocar preocupaciones sobre privacidad y debido proceso. Atribuir las motivaciones de quienes impulsan estas decisiones requiere algo más que la existencia de una posición política; es legítimo cuestionar si ciertas herramientas legislativas dificultan la persecución, pero no basta para concluir connivencia.