¿Por qué la crítica política no depende de una ‘hoja de antecedentes’ moral?

Una frase reciente mezcla hechos reales, acusaciones que requieren matices y una conclusión política que no se desprende necesariamente de ellos. Se puede refutar sin defender a ningún gobierno de izquierda, pero es necesario desmenuzar la lógica subyacente para entender por qué la crítica cruzada es fundamental en un sistema democrático.

Balanza de justicia sobre parlamento
La fiscalización es una obligación democrática, no un privilegio moral.

El argumento de la estatura moral

La afirmación central sostiene que «la izquierda no tiene estatura moral para exigir nada al gobierno actual». Esto cae en una falacia lógica conocida como tu quoque: el argumento sugiere que los errores o abusos de un gobierno invalidan las críticas que se hacen al siguiente. Sin embargo, la fiscalización es una obligación democrática, no un privilegio moral.

Un parlamentario de izquierda puede criticar al Gobierno de derecha aunque su sector haya cometido errores graves. Lo que corresponde es evaluar si la crítica actual está fundada, no exigirle una hoja de antecedentes políticos impecable a los oponentes.

Dudas sobre la institucionalidad y los indultos

Se menciona que se vulneraron sistemáticamente disposiciones institucionales. Es una generalización peligrosa. Hay que identificar qué normas se infringieron, quién las infringió y qué resolvieron los tribunales o los organismos fiscalizadores. Acumular escándalos no demuestra una vulneración sistemática de la institucionalidad.

En el caso específico de los indultos, el indulto presidencial es una facultad constitucional, no una infracción institucional por sí misma. Se puede cuestionar la decisión de indultar a condenados, sus antecedentes o sus consecuencias, pero eso no equivale automáticamente a vulnerar la ley.

Delitos, ocultamientos y responsabilidades

Sobre las acusaciones de ocultar y permitir delitos, como en el caso Monsalve, hay motivos serios para cuestionar la gestión del Gobierno, especialmente por las actuaciones relacionadas con la investigación y el manejo inicial de la crisis. Pero afirmar que el Gobierno ocultó o permitió deliberadamente delitos exige demostrarlo.

La denuncia se presentó el 14 de octubre de 2024; Boric conoció su existencia el día 15 y Monsalve renunció el 17. La cronología no resuelve por sí sola todas las responsabilidades.

Fraudes y demoras en la gestión

El caso Convenios reveló irregularidades graves y posibles delitos, con responsabilidades que deben establecerse individualmente. Pero «permitir el robo» atribuye complicidad al Gobierno en su conjunto. Que se hayan producido fraudes o transferencias irregulares no demuestra que todas las autoridades los conocieran o los autorizaran.

Estructura de equilibrios institucionales
La responsabilidad política por controles deficientes es distinta de la responsabilidad penal.

La responsabilidad política por controles deficientes es distinta de la responsabilidad penal. Similarmente, si se refiere a Carlos Montes y la reconstrucción tras los incendios de febrero de 2024, merece críticas por sus demoras y resultados. Pero decir que «nada hizo» es una afirmación absoluta que requiere pruebas: que los resultados fueran insuficientes no significa que no existieran acciones.

Conclusión

En síntesis: se puede condenar la gestión del Gobierno de Boric sin aceptar que eso lo inhabilite para fiscalizar al Gobierno de Kast. Aplicar esa lógica significaría que ningún sector podría fiscalizar al otro después de haber gobernado. Y eso, precisamente, vaciaría de sentido la oposición democrática.

Enumerar casos no sustituye el análisis de cada uno. Una lista de controversias puede sustentar una crítica al desempeño de un Gobierno, pero no demuestra automáticamente que todos los hechos tengan la misma gravedad, que exista responsabilidad colectiva o que se hayan cometido delitos en cada caso.