La reacción de la izquierda chilena al caso Frederik Landabur: ¿condena o defensa?

El caso de Frederik Landabur estalló a comienzos de febrero de 2025, cuando se denunció que había enviado al Parque Cultural de Valparaíso un correo con un video de abuso sexual infantil. La reacción inicial del Partido Socialista (PS), al que pertenecía, fue de distanciamiento institucional rápido. El caso tuvo una dimensión política más amplia debido a los vínculos previos del acusado con figuras como Michelle Bachelet y personas vinculadas al Frente Amplio.

La respuesta institucional del Partido Socialista

El 2 de febrero, el Tribunal Supremo del PS suspendió por unanimidad sus derechos de militante y le formuló cargos internos por infracciones graves a los estatutos, al Código de Ética y a la declaración de principios. La presidenta Paulina Vodanovic remitió los antecedentes al tribunal interno, declarando que no había espacio en las filas para quienes atentaran gravemente contra los derechos de niños y adolescentes.

La reacción fue significativa por dos razones: primero, el PS no optó por una defensa pública ni cuestionó a quienes presentaron la denuncia; segundo, se mantuvo la presunción de inocencia como parte del discurso. El diputado socialista Tomás de Rementería calificó los hechos como gravísimos pero recordó que debía respetarse ese principio.

¿Y qué pasó con el resto de la izquierda?

Aquí hay que ser cuidadosos: no existe una reacción pública coordinada del Frente Amplio o del Partido Comunista. Aunque Landabur tenía vínculos políticos y asociativos con figuras de ese espacio, tener esos contactos no demuestra que los dirigentes conocieran los hechos investigados ni que los encubrieran.

La cuestión del doble estándar

El análisis revela dos preguntas distintas: si la izquierda institucional defendió a Landabur cuando se conocieron los antecedentes—y la respuesta documentada es no, ya que lo expulsaron—, y si hubo una diferencia entre condenar el caso y examinar los vínculos previos.

Un dato judicial importante: el 4 de febrero, tras ser formalizado por distribución de material de explotación sexual infantil, Landabur quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. La Fiscalía había solicitado prisión preventiva, que no fue concedida en esa etapa. En resumen, la reacción pública inicial del PS fue de condena y expulsión.