Propuestas Constitucionales en Chile: Análisis Comparativo de la Vigente, la de 2022 y la de 2023

En las últimas décadas, Chile ha sido escenario de un intenso debate sobre su marco jurídico fundamental. Tras dos intentos fallidos de reemplazo a través de plebiscitos, el país se encuentra con una situación paradójica: la Constitución vigente sigue en pie, mientras que los proyectos alternativos fueron rechazados por la ciudadanía.

La Propuesta de 2022: Innovación y Riesgo

Si analizamos el texto propuesto en 2022, es difícil negar que contenía ideas valiosas. Mi evaluación inicial le otorgaba una nota global de aproximadamente un 5,5 o 6/10. Este puntaje no indicaba que fuera extremadamente malo, sino que reflejaba la mezcla entre innovaciones prometedoras y apuestas constitucionales discutibles.

El texto destacaba por su protección ambiental robusta, el reconocimiento de derechos sociales y una mayor autonomía regional. Sin embargo, sus principales debilidades radicaban en un diseño demasiado experimental. La propuesta intentó constitucionalizar demasiadas materias, bajando a un nivel de detalle que normalmente corresponde a leyes ordinarias. Además, la combinación de plurinacionalidad con autonomías territoriales dejaba muchas preguntas prácticas sin responder, lo que probablemente habría derivado en una alta litigiosidad y conflictos judiciales.

La Propuesta de 2023: Orden y Limitaciones

Moviéndonos a la segunda propuesta, la del Consejo Constitucional elegido en 2023, el panorama cambia. Esta versión buscaba ser una imagen especular que corrigiera los problemas del texto anterior. Le asignaría una nota de 6/10 o 6,5/10. Era técnicamente más ordenada y predecible: restauró un Congreso bicameral, un Tribunal Constitucional y mantuvo instituciones familiares.

No obstante, su gran problema político fue que incorporaba demasiadas preferencias de la mayoría circunstancial que controlaba el Consejo. Desde una perspectiva técnica, era mucho menos transformadora en temas sociales, salud o educación comparada con la primera propuesta. Aunque lograba un mejor orden institucional, no logró sentirse como una Constitución «de todos», dejando a muchos ciudadanos con la sensación de que el texto representaba demasiado bien solo a ciertos sectores.

La Constitución Vigente: Estabilidad y Costuras

Frente a estas dos propuestas, la Constitución vigente (la de 1980) se revela como una mezcla compleja. Su gran fortaleza es su estabilidad institucional; ha funcionado durante décadas y las reformas de 1989, 2005 y posteriores han eliminado muchos elementos autoritarios. Sin embargo, su debilidad radica en que conserva una arquitectura nacida bajo otra lógica política, con un énfasis fuerte en límites al Estado.

Un dato clave para entender la vigencia del texto es el concepto del «barco de Teseo». Aunque se llama Constitución de 1980, alrededor de un 40% del texto permanece literalmente igual, mientras que otro porcentaje importante ha cambiado sustantivamente. La reforma de 2005 fue una actualización gigantesca que eliminó a los senadores designados y al rol tutelar de las Fuerzas Armadas.

Conclusión: El Dilema del Cambio

El proceso chileno ilustra un dilema clásico en la ingeniería institucional. Por un lado, existe la visión de que hay que reemplazar la arquitectura porque la base está mal planteada; por el otro, la intuición de que hay que seguir actualizando el sistema porque ya funciona y un reemplazo completo es demasiado riesgoso.

La ironía final es que, después de gastar años intentando reescribir la Constitución, Chile terminó exactamente donde estaba: con la antigua, reformada, y con varios problemas pendientes. Es como mantener un software estable mientras se discuten qué módulos realmente necesitan ser cambiados, sabiendo perfectamente que el origen del sistema no define su desempeño actual.